México es uno de los países con más complacencia con el poder;
esa condición impide el avance en el combate a la impunidad y,
por lo tanto, a la corrupción, que está prácticamente incrustada
en la estructura y el corazón gubernamental en contubernio con
quienes se prestan en el sector privado a formar parte del engra-
naje. El sistema ha creado una coraza de complicidades que per-
mite y favorece los desfalcos. Hay incapacidad para lidiar con
los saqueos a las instituciones, quienes las representan o carecen
del tono y la fuerza para contender con la alta estructura de po-
der vinculada a la corrupción o forman parte de esa práctica
normalizada que ha imperado en nuestro país por décadas.
Los números no mienten, ni fabricamos teorías especulati-
vas. Los resultados en las investigaciones por actos deshonestos
y corrupción no han logrado recuperar las cifras millonarias
dedicadas a enriquecer vidas de políticos y sus felices familia-
res, quienes disfrutan plenamente de los beneficios económicos
de la ilicitud y las añoradas complacencias del poder. De acuer-
do con el Índice de Percepción de la Corrupción 2021, que
realiza Transparencia Internacional desde 1995, el país obtuvo
31 puntos (100 significarían que es altamente limpio y 0 alta-
mente corrupto). México también es el peor evaluado de los
38 países que conforman la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE). Ya sé que estoy diciendo
una obviedad, pero nada les acongoja ni les mortifica.

Para un vistazo, según otra medición, el Índice de Capaci-
dad para Combatir la Corrupción 2022, que clasifica a 15 na-
ciones latinoamericanas, nuestro país está en el sitio 12 en su
eficacia para luchar contra ésta, solo delante de Venezuela, Bo-
livia y Guatemala.
Según ese informe, los órganos anticorrupción en México
tienen nombramientos basados en fines partidistas y políticos,
y su actuar se enfoca en obtener prebendas personales —una
vieja tradición—.
Este contexto brinda un panorama del tamaño de la corrup-
ción en la vida pública del país, y aunque sabemos que el vín-
culo de complicidades es uno de los factores que explica su
avance, no deja de sorprender la mezquindad con la que se
desenvuelven los actores políticos sabedores del daño que oca-
sionan en el núcleo social y, por tanto, individual.
Mi propósito en esta narrativa es develar la maraña y el
modus operandi, en mi experiencia como auditora forense,
donde por primera vez en la historia de este país el enfoque y
la metodología de las investigaciones permitió desenmascarar
una red de funcionarios, y otros terceros participantes, que in-
tervinieron en uno de los casos más emblemáticos de desvíos y
saqueo descarado al erario: la Estafa Maestra (conocida así
mediáticamente), que implicó un cúmulo de actos ilegales y
diversas acciones que permitieron cantidades estratosféricas de
desvío de recursos, involucrando a dependencias del gobierno
federal, de administraciones estatales e instituciones de educa-
ción superior, entre otros, mediante la simulación de actos y
encubrimiento tendiente a disponer del dinero destinado a pro-
gramas sociales con mecanismos que implicaron la “creación”
de empresas fachada.